La Comisión considera que estas disposiciones, aprobadas durante el anterior mandato del Partido Popular, constituyen restricciones injustificadas de la libre circulación de capitales que infringen las normas del Tratado CE (artículo 56).

La legislación española en cuestión es la disposición adicional vigésima séptima, "Participaciones públicas en el sector energético", de la ley 55/1999 de 29 de diciembre de 1999 de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta ley establece que en caso de adquisición o control directos o indirectos por parte de empresas estatales de más del 3% de las acciones o de los derechos de voto en empresas energéticas españolas, los derechos de voto correspondientes a las acciones que rebasen este límite estarán sujetos a autorización previa del Consejo de Ministros.

La Comisión consideró estas disposiciones incompatibles con el Tratado y el 9 de julio de 2003 envió a España un dictamen motivado.

España modificó la ley el 30 de diciembre 2003 (artículo 94 de la ley 62/2003). Sin embargo, la Comisión consideró que los cambios realizados no eran suficientes, puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas.

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La Comisión consideró además que este régimen iba más allá de lo necesario para el objetivo de salvaguardar las operaciones y la prestación de los servicios de dichas empresas. En consecuencia, el 7 de julio de 2004 la Comisión envió a España una carta de requerimiento complementaria.

La Comisión consideró que los argumentos de España en defensa de la ley son insatisfactorios a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.

Aunque se le instó a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al dictamen motivado complementario adoptado el 7 de julio de 2005, la Comisión no ha recibido hasta ahora respuesta alguna del Gobierno español.

Es importante observar que este procedimiento está abierto desde 2001 mediante una carta de requerimiento enviada por la Comisión a las autoridades españolas. Esta decisión de la Comisión es independiente del real decreto 4/2006, de 24 de febrero de 2006, y de la posible adquisición de Endesa.