Además, según la Comisión, la posibilidad que contempla la legislación actual de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación es “contraria” a las normas de la UE.

La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar concesiones y autorizaciones en el sentido de la Directiva de servicios para construir locales permanentes, como restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas, en el denominado ‘dominio público marítimo-terrestre’, fuera de los puertos, sin llevar a cabo un procedimiento de selección abierto y transparente. También permite ampliar la duración de tales concesiones por un período de hasta setenta y cinco años, una vez más sin procedimiento de selección alguno. Para la Comisión, esta ley “infringe la Directiva de servicios”.

La apertura de este proceso se produce en el marco de la puesta en marcha de 24 procedimientos por parte del Ejecutivo comunitario contra varios Estados miembros por infringir la legislación relativa a los servicios. Estas decisiones se adoptan para garantizar la correcta aplicación de las normas destinadas a lograr el buen funcionamiento del mercado único de servicios.

La Comisión recordó que los servicios suponen el 70% del Producto Interior Bruto (PIB) y el mismo porcentaje del empleo en la UE, por lo que puso en valor los frutos cosechados con procesimientos anteriores.

Las medidas de garantía de cumplimiento adoptadas este miércoles abordan los casos en que los Estados miembros han incumplido la obligación de incorporar adecuadamente y a su debido tiempo las normas básicas del mercado único a sus propios marcos jurídicos nacionales, o los casos en que no han garantizado que sus marcos jurídicos nacionales cumplan las normas de la UE, creando así obstáculos en sectores de servicios importantes.

En concreto, la Comisión ha decidido enviar 11 cartas de emplazamiento adicionales a Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, los Países Bajos y Eslovaquia, así como una carta de emplazamiento a Estonia, para garantizar que la introducción de la regulación profesional a través de enmiendas parlamentarias esté cubierta por una evaluación previa de la proporcionalidad.

Además, la Comisión ha decidido enviar cinco dictámenes motivados a Alemania, Lituania, Polonia, Eslovenia y España por no haber aplicado correctamente la Directiva de la UE sobre el test de proporcionalidad para la regulación de las profesiones. Estos dictámenes motivados abordan, en particular, el incumplimiento de la obligación de incluir todas las medidas pertinentes en las evaluaciones de proporcionalidad, o la falta de aplicación de las garantías procesales necesarias o de determinados criterios para dichas evaluaciones.

“Las medidas tomadas hoy para garantizar su correcta aplicación contribuirán a prevenir o eliminar los obstáculos desproporcionados en el mercado único, en consonancia con los objetivos del Plan de Acción para el Cumplimiento de la Normas del Mercado Único”, explicó la Comisión.