Los estados miembros contra los que Bruselas ha abierto procedimientos de infracción son España, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Reino Unido.

La Comisión ha formulado sus peticiones en forma de dictamen motivado, lo que represent la segunda etapa del procedimiento de infracción previsto en el Tratado CE.

Además, la Comisión Europea podría decidir recurrir al Tribunal de Justicia contra los estados miembros que no den una respuesta satisfactoria al dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de su recepción.

Hasta la fecha, ninguno de los estados ha notificado las medidas por las que incorporan a sus respectivos ordenamientos jurídicos la directiva, a pesar de que el plazó fijado expiró el 31 de julio de 2001.

A juicio de la Comisión Europea, el hecho de que los estados no notifiquen las medidas adoptadas puede constituir un obstáculo a la libre circulación de trabajadores, a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en los sectores de actividad afectados.