Fuentes de la Comisión Europea en Madrid explicaron a Servimedia que el consistorio madrileño ha presentado las obras de la M-30 a la Unión Europea (UE) divididas en 19 proyectos, "lo cual no está dentro de las leyes comunitarias".

Las mismas fuentes explicaron que el Gobierno español deberá remitir a Bruselas en un plazo de dos meses un estudio de impacto medioambiental global de las obras de la M-30, en lugar de dividirlo en 19 proyectos.

La falta de una declaración de impacto medioambiental en las obras de reforma de la M-30 ha sido duramente criticada por los partidos municipales de la oposición y por organizaciones ecologistas, que han llevado la denuncia a la UE.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid indicó hoy, tras conocer la decisión de la Comisión Europea, que la Carta de Emplazamiento se limita a iniciar un procedimiento administrativo para analizar la adecuación al Derecho Comunitario de la reforma de la M-30.

El consistorio reitera en una nota su voluntad de cooperación con los órganos comunitarios, y pone de relieve que el proyecto de reforma de la M-30 ha estado sometido desde su inicio al control de instituciones independientes y que finalizará en las fechas previstas cumpliendo escrupulosamente la legalidad.

"La Carta de Emplazamiento se limita a iniciar un procedimiento administrativo para analizar la adecuación de las actuaciones de remodelación de la M-30 al Derecho Comunitario y no presupone ningún pronunciamiento por parte de la Comisión Europea sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación del Estado español y, más concretamente, sobre si la adaptación de la legislación española se ha realizado o no conforme a Derecho", asegura el ayuntamiento.

El Gobierno de Gallardón asegura que el ayuntamiento ha cumplido "de forma escrupulosa la legislación vigente bajo la tutela de las instituciones, pues, como es obvio, no tiene ninguna responsabilidad en la adaptación al Derecho Español de la legislación comunitaria. Precisamente por ello, y tal y como ha hecho con el resto de instituciones, aprovechará la oportunidad que le ofrece esta Carta de Emplazamiento para exponer las razones jurídicas, que son las únicas de las que entiende la Comisión Europea, en las que se basa para defender que la reforma se ajusta a la normativa vigente".

En este sentido, explica que argumentará que el proyecto de la M-30 no forma parte de aquellos contemplados en los anexos de la directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

DIVERSOS CONTROLES

El ayuntamiento recuerda que la legalidad de la reforma ha obtenido reiterados pronunciamientos favorables, tras someterse al control del Consejo de Estado, la autoridad ambiental de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la autoridad regional de protección del patrimonio histórico-artístico y el propio Defensor del Pueblo.

Además, agrega que también ha sido sometido a los Tribunales de Justicia, donde en la actualidad se siguen seis procedimientos para enjuiciar su legalidad, de los que tres han sido interpuestos por los grupos políticos de oposición en el ayuntamiento, y explica que se ha solicitado a los jueces en tres ocasiones la suspensión de las obras, habiéndose denegado en todos los casos por diferentes órganos judiciales por entender que no había indicios de ilegalidad y que las obras atienden a los intereses generales.

Recuerda que también se han dictado dos sentencias, una de 13 de enero de 2006 y otra de 15 de febrero de 2006, que dan la razón al ayuntamiento y que confirman que las obras de la M-30 no están sometidas al procedimiento de evaluación ambiental.

El consistorio madrileño explica que la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental formal tiene su única explicación en la imposibilidad de obtener dicho pronunciamiento de la autoridad ambiental, conforme al dictamen del Consejo de Estado.

No obstante, asegura que ello no ha sido impedimento para que la reforma "se esté realizando con todas las garantías propias de una Evaluación de Impacto Ambiental" y se haya hecho un completo estudio de las actuaciones en la zona del río Manzanares antes de ejecutar el proyecto.