En los casos de parados de larga duración y de otros trabajadores desfavorecidos, los Estados miembros pueden hacerse cargo por un año del 50% de los costes salariales y las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social.

Si se trata de trabajadores discapacitados, pueden correr con hasta el 60% de estos costes. Cualquier otro tipo de ayudas deberán ser notificadas a Bruselas.

La Comisión defiende que "con este Reglamnto se da respuesta a la aspiración de los Estados miembros a que se reduzcan las subvenciones a empresas concretas, que son las que conllevan un mayor riesgo de falseamiento de la competencia".

"Hay que dar prioridad a las ayudas que no benefician sólo a una u otra empresa concreta, como las ayudas generales al empleo, a las pymes y al capital riesgo", declaró el comisario europeo de Competencia, Mario Monti.

La comisaria de Empleo, Anna Diamandopoulou, resaltó que la nueva normativa "materializ el compromiso de Lisboa entre la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de competencia entre las empresas y la de crear verdaderos incentivos a la contratación en la UE de determinadas categorías de trabajadores, como los parados de larga duración, los jóvenes y los parados de mayor edad."

El problema del paro es, según Bruselas, especialmente acuciante en los casos de los desempleados de larga duración, los trabajadores menos cualificados, los parados de mayor edad, los jóvenes que busca su primer trabajo, las minorías y las personas discapacitadas.

De ahí la necesidad de crear incentivos para las empresas, que generalmente consisten en una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.

La normativa aprobada hoy Cubre los dos tipos de ayudas al empleo de los que se ha ocupado la Comisión en los últimos años con mayor frecuencia: las ayudas a la creación de nuevos puestos de trabajo y las ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores desfavorecidos y discapcitados.

Bruselas reconoce que hay otros tipos de ayudas al empleo, como las destinadas a conservar puestos de trabajo ya existentes o las ayudas para fomentar el reparto del trabajo. El Reglamento que acaba de aprobarse no prohibe estas ayudas, que simplemente tendrán que ser notificadas a la Comisión para que ésta evalúe su efecto sobre la competencia.

A fin de fomentar la contratación de parados de larga duración y otros trabajadores desfavorecidos, los Estados miembros pueden conceder ayudas e hasta el 50% de un año de costes salariales y contribuciones sociales obligatorias.

TRABAJADOR DESFAVORECIDO

Bruselas considera trabajador desfavorecido a toda persona de menos de 25 años o que no haga más de dos años que haya finalizado su educación a tiempo completo que no haya encontrado un primer empleo; toda persona mayor de 50 años que carezca de trabajo o que esté a punto de perderlo; quien no haya obtenido una cualificación de enseñanza secundaria superior o su equivalente que carezca de tabajo o que esté a punto de perderlo.

Asimismo, a todo desempleado que haya estado sin empleo durante 12 de los últimos 16 meses; los trabajadores emigrantes y los miembros de minorías étnicas; los padres solteros; los toxicómanos y antiguos presos; toda persona que se reincorpore a la vida laboral tras más de dos años de ausencia; y cualquier mujer de una zona de elevado desempleo.

A fin de fomentar la contratación de personas discapacitadas, los Estados miembros también podrán hacerse cargo porun año de hasta el 60% de los costes salariales y las contribuciones a la Seguridad Social.

La definición de esta categoría de personas queda en manos de los Estados miembros. Además, se pueden conceder ayudas para compensar su menor productividad y para adaptar los locales de la empresa y ofrecer una asistencia especial.