En los casos de parados de larga duración y de otros trabajadores desfavorecidos, los Estados miembros pueden hacerse cargo por un año del 50% de los costes salariales y las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social.

Si se trata de trabajadores discapacitados, pueden correr con hasta el 60% de estos costes. Cualquier otro tipo de ayudas deberán ser notificadas a Brselas.

La Comisión defiende que "con este Reglamento se da respuesta a la aspiración de los Estados miembros a que se reduzcan las subvenciones a empresas concretas, que son las que conllevan un mayor riesgo de falseamiento de la competencia".

El problema del paro es, según Bruselas, especialmente acuciante en los casos de los desempleados de larga duración, los trabajadores menos cualificados, los parados de mayor edad, los jóvenes que buscan su primer trabajo, las minorías y las personas discapcitadas.

De ahí la necesidad de crear incentivos para las empresas, que generalmente consisten en una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.

La normativa aprobada cubre los dos tipos de ayudas al empleo de los que se ha ocupado la Comisión en los últimos años con mayor frecuencia: las ayudas a la creación de nuevos puestos de trabajo y las ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores desfavorecidos y discapacitados.

Bruselas reconoce que hay otros tipos de ayuas al empleo, como las destinadas a conservar puestos de trabajo ya existentes o las ayudas para fomentar el reparto del trabajo. El Reglamento que acaba de aprobarse no prohibe estas ayudas, que simplemente tendrán que ser notificadas a la Comisión para que ésta evalúe su efecto sobre la competencia.

A fin de fomentar la contratación de parados de larga duración y otros trabajadores desfavorecidos, los Estados miembros pueden conceder ayudas de hasta el 50% de un año de costes salariales y contribucines sociales obligatorias.