Según indica el Ministerio en un comunicado, la Comisión ha venido disponiendo diariamente de la información relativa a la actividad pesquera que estos buques llevan a cabo y conoce en todo momento las capturas realizadas por los mismos.

"Por ello, la Comisión Europea debe saber también que la medida adoptada no está en consonancia con la actividad realizada en la presente campaña por parte de los buques españoles", prosigue el escrito.

Medio Ambiente asegura que en el momento en que se ha adoptado por la Comisión el citado Reglamento, los seis buques españoles de cerco del Mediterráneo llevan utilizada tan sólo el 28,8% de su cuota disponible, ya que las capturas efectuadas por estos barcos, hasta el día de hoy, alcanzan las 432 toneladas, cuando disponen de un total de 1.524 para la presente campaña.

Además, recuerda que esta flota dispone de 250 toneladas de atún rojo adicionales, que España ha conseguido a través de intercambios con otros Estados miembros, por lo que el sobrante sería aún mayor y a ello habría que añadir otras 49 toneladas que la propia Comisión ha cedido a España como compensación por haber cerrado anticipadamente esta pesquería el año pasado.

El ministerio entiende que la Comisión ha hecho uso de datos erróneos y ha adoptado una medida que, al menos para la flota española, resulta inadmisible por cuanto no se ajusta a la realidad y tampoco tiene en cuenta el despliegue de medios humanos y materiales que se han puesto en marcha por parte de la Administración española para cumplir con todo rigor con la normativa comunitaria a este respecto.

Asimismo, anuncia que la ministra, Elena Espinosa, intervendrá en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la UE para transmitir su malestar por la "actuación unilateral adoptada por la Comisión, que daña claramente los intereses sociales, políticos y económicos del sector pesquero español de cerco del Mediterráneo de forma injustificada".

Finalmente, señala que el ministerio está, igualmente, estudiando las posibles acciones legales que se puedan adoptar contra la medida arbitraria adoptada unilateralmente por la Comisión, entre las que no se excluye el posible recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.