Las ayudas admitidas por la Comisión son las medidas fiscales en favor de las cooperativas agropecuarias y las bonificaciones fiscales en el IVA y el IRPF a las actividades agrarias y ganaderas.

En cambio, la UE no considera legales dos de las ayudas porque España no ha podido demostrar que tegan una relación con la subida del precio del petróleo y los daños sufridos por el sector.

Se tratan de la bonificación de préstamos y garantías a los titulares de explotaciones agrarias y de la prórroga a los años 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el IRPF a la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones.

Al tratarse de ayudas ilegales, España debe anularlas y recuperarlas de inmediato de los beneficiarios e informar a la Comisión, en el plazo de dos meses, de ls medidas adoptadas para ello.