Estas ayudas cubrirán parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad asumidos entre 2021 y 2030.

Esta medida de apoyo tiene por objeto reducir el riesgo de “fuga de carbono”, es decir, el traslado por parte de las empresas de su producción a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas, con lo que se genera una menor actividad económica en la UE y no se produce ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.

La medida beneficiará a las empresas activas en los sectores que corren este riesgo que figuran en el anexo I de las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021.

La compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se realizará en 2031. El importe máximo de la ayuda será, por lo general, igual al 75 % de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido.

Sin embargo, en algunos casos, el importe máximo de la ayuda puede ser más elevado para limitar los costes restantes de las emisiones indirectas al 1,5 % del valor añadido bruto de la empresa. El importe de la ayuda se calcula sobre la base de valores de referencia de consumo eficiente de electricidad, que garantizan que se anima a los beneficiarios a ahorrar energía.

Para poder optar a una compensación, las empresas tendrán que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30 % de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable in situ, acuerdos de compra de energía sin emisiones de carbono o garantías de origen), o invertir al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones. Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en un plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.