En concreto, criticó que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tenga potestad para decidir la entrada de empresas en el capital de otras que realicen actividades reguladas del sector de la energía, como fue el caso de la alemana E.On en su intento fallido de opa sobre Endesa.

La denuncia de Bruselas fue hoy tratada en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, donde cada una de las partes defendió su postura, según informó en un comunicado el citado tribunal.

Bruselas alega que la exigencia de autorización previa de la CNE constituye una "restricción" a la libre circulación de capitales y añade que dicha limitación no está justificada.

Por su parte, España defiende que la función regulatoria del CNE está inspirada en una razón "de interés general": la necesidad de garantizar el suministro energético.

El Gobierno español España considera que no se vulnera la libre circulación de capitales, porque "ésta no es de aplicación al presente asunto".

En su opinión, si bien las operaciones de adquisición implican movimientos de capitales, "ello no es decisivo para enjuiciar este asunto, que debe examinarse exclusivamente desde la perspectiva de la libertad de establecimiento".

Para España, la facultad de autorización previa conferida a la CNE es compatible, por lo tanto, con la legislación comunitaria.

Todo lo contrario que la Comisión, que aduce que esta medida (que la CNE tenga esa capacidad de decisión) no es adecuada para el objetivo de garantizar la seguridad del suministro de energía.

La Comisión estima que un medio más adecuado para garantizar la seguridad del suministro energético sería establecer una planificación apropiada y adoptar medidas reglamentarias no discriminatorias, que impusieran obligaciones positivas a las empresas del sector energético o que previesen incentivos apropiados u otras medidas.

En cualquier caso, "aún suponiendo que la medida controvertida se considerase adecuada para el objetivo mencionado", la Comisión estima que es "desproporcionada".