El Ejecutivo comunitario considera que la ley es incompatible con algunos aspectos de las directivas de la UE sobre concesiones de servicios y contratos públicos, como el referido a los entes regidos por la ley pública.

Bruselas se opone a que las empresas privadas estén sujetas, sin condiciones, a las reglas de procedimiento público si cumplen la definición de "ente regido por la ley pública" y sus fines de interés público no son de naturaleza industrial o comercial. La Comisión tabién ve problemas en el ámbito perseguido de aplicación de la ley.

El Gobierno de la UE ha requerido a España que presente una explicación fundamentada en defensa de sus argumentos. Si no lo hace en el plazo de dos meses, la Comisión llevará el caso al Tribunal Europeo de Justicia.