Según informó el Ejecutivo comunitario, con su negativa a cooperar cn las autoridades de Bruselas, España incumple el artículo 10 del Tratado de la UE.

En caso de no recibir respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá optar por remitir a cada uno un "dictamen motivado", que es la última advertencia escrita antes de la remisión del caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Los cinco proyectos sobre los que España no ha remitido información se refieren, en primer caso, a un proyecto hidroeléctrico previsto en la cuenca hidrogáfica del Ulla, en Galicia, en un lugar designado para su protección en aplicación de la Directiva comunitaria sobre hábitats.

El segundo de ellos implica a la regulación de la caza en la provincia de Orense, después de que la Comisión recibiera una denuncia según la cual el periodo de caza de la codorniz no era conforme a los requisitos de conservación de aves silvestres.

Además, España no ha enviado a Bruselas información sobre la aplicación de la directiva sobre evaluación de impacto ambientalen el caso de una purificadora de aguas residuales procedentes de las tenerías de Lorca (Murcia).

El cuarto de los casos se refiere a la ausencia de dicha evaluación de impacto ambiental en un desarrollo urbanístico en Toledo, que incluía 1.300 viviendas.

Por último, la Comisión pidió a España que le informara sobre cumplimiento de la legislación comunitaria sobre conservación de la naturaleza en diversos proyectos situados en la Isla de Fuerteventura.

Ante casos similares, Bruselas ha abiero también expedientes de infración a Francia, Irlanda y Grecia.