El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo del Parlamento Europeo, Manuel Pérez Alvarez, había presentado hace tres semanas una interpelación parlamentaria a la Comisión Europea denunciando el retraso de las autoridades francesas en la resolución de estas reclamaciones como una posible infracción del derecho comunitario.

Ahora, la Comisión Europea ha contestado al eurodiputado del PP que vademandar información a las autoridades francesas, "con objeto de averiguar por qué aún no se han atendido las reclamaciones representadas por los ciudadanos españoles" y con el fin de "evaluar si ha habido infracción al derecho comunitario".

A juicio del parlamentario del PP, el retraso de Francia podría infringir un reglamento de 1971 -modificado en 1992- sobre la aplicación de regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a los miembros de sus familas dentro de la UE.

Andalucía, con 2.630 peticiones de jubilados; Castilla y León, con 1.267, y la Comunidad Valenciana, con 1.184, son las comunidades autónomas más afectadas por la indecisión de los organismos de la Seguridad Social francesa.

Actualmente, sólo una minoría de los jubilados españoles que presentaron la demanda a las autoridades francesas ha recibido respuesta, y, de seguir el ritmo actual, serán necesarios probablemente varios años más de los cinco previstos para resolver la totaidad de los casos. Hasta ahora, las autoridades francesas han argumentado "problemas de carácter técnico" para justificar el retraso.