Este real decreto cumple con lo dispuesto en la ley, de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

A partir de ahora, este colectivo podrá adquirir la nacionalidad española sin que sea necesario renunciar a su anterior nacionalidad, como establecía la legislación española, un requisito, "demasiado riguroso", que dio lugar a que el 68% de las solicitudes fueran archivadas en su momento.

Según los datos en poder de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, de un total de 106 peticiones formuladas, sólo fueron estimadas 34, mientras que las restantes 72 fueron archivadas, solicitudes formuladas, en su mayoría, por ciudadanos polacos y alemanes, seguidos por holandeses, búlgaros y cubanos.

La petición de nacionalidad no tendrá límite de plazo, frente a los tres años que se establecía en la legislación anterior, y se podrá hacer por escrito o vía telemática.

El decreto "no incrementa en modo alguno el gasto público, ya que todas las solicitudes serán atendidas por el Servicio de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con arreglo a su funcionamiento ordinario".

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo que podrán acceder a la nacionalidad española los exiliados desde el año 1936.