Medel, que es también el presidente de la caja de ahorros andaluza Unicaja, que posee el 70 por ciento del capital del BEF, está acusado por un grupo de acreedores del banco de impedirles personarse en el proceso de suspensión de pagos del BEF, que se sigue en un juzgado madrileño desde octubre de 1991.

Según las citadas fuentes, Medel alegó para oponerse a la personación de los inversionistas que éstos no figuraban en la lista de acreedores del banco, al o encontrar en la contabilidad de la entidad documentos sobre las inversiones.

Las fuentes consultadas, que consideran que Medel puede ser acusado por ese motivo de apropiación indebida o de falsedad en documento, anunciaron que también comparecerá ese día ante Moreiras el delegado de la Hacienda Foral en la Diputación Foral de Vizcaya.

Este deberá explicar el destino de los pagarés forales de la diputación adquiridos por el BEF, así como por qué la Diputación Foral de Vizcaya no cumplió el comprmiso adquirido por esa institución y Unicaja con los pequeños inversores del banco de hacerse cargo de la deuda de éste.

El BEF fue intervenido por el Banco de España el 30 de septiembre de 1990 cuando tenía un pasivo total de 30.000 millones de pesetas, de los que 12.000 procedían de los créditos concedidos por Unicaja a través del Mercado Interbancario y que convertía a la entidad andaluza en el principal acreedor del BEF. Esta cantidad se redujo posteriormente a 10.000 millones de pesetas, cifra qu continúa pendiente de pago.

En la actualidad, el juez Moreiras instruye diligencias en relación a una querella presentada hace dos años contra los administradores de Eurocapital, Eurocapital Sociedad de Valores y Bolsa y del BEF por un grupo de tenedores de unos activos emitidos por el banco, inversión que no pudieron recuperar a su vencimiento por los graves problemas financieros e irregularidades que obligaron al BEF a presentar suspensión de pagos.

Además, todavía está pendiente de señalar eljuicio que se seguirá en la Audiencia Nacional contra el antiguo presidente del BEF, Francisco Peiró, para quien el fiscal del caso pide un total de 10 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y estafa, y fianza de 2.000 millones de pesetas para el pago de las indemnizaciones a los tenedores de unos pagarés forales irregulares emitidos por el banco.