Boyer reconoce que habrá cometido "errores y torpezas" en su vida, pero que nunca se ha sentido "menos responsable y más inocente de algo -y lo mismo le ocurre a mi mujer- que de estos hechos por los que ahora aparecemos inculpados".

En el escrito, Boyer insiste en que durante dos años ha deseado que el citado juzgado terminara las diligencias abirtas por el "caso Ibercorp", "con el total convencimiento de que -por lo menos en el caso de mi mujer y mío que yo conocía completamente- el resultado de esas diligencias sería el sobreseimiento".

El responsable de la cartera de Economía en el periodo comprendido entre 1982 y 1985 señala en la carta que ahora, en medio de un clima de crispación y de sospechas generalizadas, se cierran las diligencias judiciales y, en contra de lo que él esperaba, se abre un procedimiento contra el matrimonio Boyer, admás de contra otras personas.

"Ello me obliga", asegura Boyer, "a explicar de nuevo los hechos y su justa proporción, como hice reiteradamente en 1992, por todos los medios a mi alcance".

El ex ministro recuerda en la misiva que a principios de 1990 pidió a Manuel De la Concha que vendiera sus acciones de Sistemas Financieros, aunque éste le dijo que no sería posible hasta junio porque, al provenir las acciones de una conversión reciente de obligaciones, no estaban todavía admitidas a cotización n Bolsa.

De la Concha le llamó en junio para confirmar que las acciones ya se podían vender, aunque Boyer destaca que él nunca supo que tales títulos las adquiría la propia sociedad para su autocartera en vez de ser vendidas en el mercado abierto.

2,5 MILLONES DE GANANCIAS

Boyer recuerda que tanto él como su mujer ganaron 2,5 millones de pesetas y que cumplieron "escrupulosamente" con su obligación de declarar los beneficios a Hacienda, "y ello sin ningún resquemor, puesto que considerábamos copletamente normal y regular la operación, sin albergar dudas al respecto".

Tras señalar que la primera noticia de las irregularidades la conoció por la prensa, Boyer indica que le causó sorpresa enterarse de que el despacho de De la Concha había truncado sus segundos apellidos y los de otras personas al comunicar las operaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A su juicio, De la Concha hizo esto pensando que así podría evitarles las consecuencias posibles de unas irregularidades qu desconocían: compra de las acciones para la autocartera de la sociedad, que se volvió desastrosa con la caída de la Bolsa en agosto de 1990, tras la crisis del Golfo Pérsico, que hizo imposible recolocar esa autocartera en el mercado.

Según Boyer, el ex síndico de la Bolsa de Madrid asumió la responsabilidad de estas irregularidades, verbalmente y por escrito, "ante nosotros y en el juzgado, con un gesto que le honra en esas difíciles circunstancias y por ello mi mujer y yo creímos que todo había queado aclarado, tanto más cuanto que no volvieron a practicarse más diligencias contra nosotros, después de nuestra única comparecencia y hasta ahora, ni aparición de hecho nuevo alguno relativo a nosotros en estos dos años".