Botín, con traje oscuro y su habitual corbata roja, el color corporativo del banco que preside, llegó a la Audiencia Nacional a las 9,20 horas y, antes de entrar en la sede judicial, dijo a los periodistas que enfrenta el juicio "con respeto a la justicia".

Por su parte, el ex copresidente del SCH, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Angel Corcóstegui, llegaron al tribunal pasadas las 10 de la mañana y declinaron realizar declaraciones.

Botín, Amusátegui y Corcóstegui se sentaron juntos en el banquillo de los acusados, donde se defenderán de los presuntos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, por el pago a Amusátegui de 56 millones de euros y a Corcóstegui de 108 millones, cuando se fueron de la entidad bancaria que ahora preside en solitario Botín.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

La fiscalía insiste en que no hay delito y las defensas en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco.