Botín manifestó al término de su comparecencia, que duró más de dos horas, que las operaciones fueron "un instrumento legal" que el banco ofreció a su clientela y, "aunque no me consta, pudo haber algún exceso de celo o alguna negligencia".

Según explicarn los abogados de los declarantes, Gonzalo Rodríguez Mourullo y Horacio de la Oliva, de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efectuadas, sólo están siendo investigados 47 casos correspondientes a oficinas de Logroño, Madrid y Tenerife, de las que falta "sólo una pequeña porción de información".

Los letrados comentaron que son datos de operaciones vencidas, amortizadas, que resulta difícil de reconstruir porque fueron realizadas antes de 1989, año en el que las cesiones de crédito fueron reguldas por real decreto sin que hasta entonces fuera necesario aportar ninguna información a la Hacienda pública.

Tanto Echenique como Botín manifestaron ante el juez que su implicación en las operaciones irregulares se reduce a que decidieron ofrecer a sus clientes "un producto financiero" que salió al mercado (las cesiones).

Según Horacio de la Oliva, se trataba de unos "créditos opacos" hasta 1989. "Hubo que reorganizar el producto y a la hora de llevar información a Hacienda pudo haber un excesode celo y negligencia de algún director de sucursal para proteger a sus clientes", apuntó el letrado.

Los abogados no descartan incluso la posibilidad de que hayan sido los propios clientes quienes se hayan negado a aportar los datos requeridos por la Administración.

De acuerdo con las mismas fuentes, Botín y Echenique aportaron como prueba una carta remitida al presidente del Banco Santander por el entonces secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, con fecha de 28 de febrero de 1991, en laque reconoce que el Banco Santander había presentado información de la mayoría de las operaciones.

"Queda sólo pendiente", informó Rodríguez Mourullo, "una pequeña porción que se cumplimenta inmediatamente y da lugar a que se levante un expediente de ejecución forzosa, en el que se reconoce la dificultad existente para recuperar la información".

Emilio Botín y sus abogados destacaron que desde el primer momento el presidente del Banco Santander, que se entrevistó personalmente con Borrell, dio intrucciones de que se colaborara "al máximo" para facilitar los datos requeridos.

Por su parte, el jefe de la asesoría fiscal del banco, Julio Banacloche, desmintió que el montante total de las operaciones ascendiera a 100.000 millones de pesetas.

Banacloche, que calificó la actuación del banco como "correcta" y se limitó a detallar al juez sus labores al frente de la asesorería, negó también haber sido asesor personal del ex ministro de Economía Miguel Boyer, cuando el Gobierno decretó la expropición de Rumasa.

Precisamente, el ex presidente de la sociedad, José María Ruiz- Mateos, hizo acto de presencia ante las puertas de la Audiencia Nacional, acompañado de alguno de sus hijos. Vestidos de piratas y con un loro, los miembros del séquito depositaron un cofre en el que figuraba un cartel que decía: "El botín del pirata".