A juicio del ministro, dos meses de debate con autonomías y corporaciones locales "deberían ser suficientes para dejar claro que es lo que queremos hacer en España", con el fín de que el consejo de Ministros pueda tomar decisisones firmes a partir de mayo. El primer contacto con los consejeros de Obras Públicas tendrá lugar el próximo miércoles.

Borrell, que presentó a los medios de comunicación el programa de infraestructuras diseñado por su departamento para lo quince próximos años, dijo que todos los planes territoriales enviados al MOPT en los últimos tiempos superan notablemente el dinero que el Estado puede gastarse en el proyecto, "por lo que habrá que hacer un esfuerzo de racionalidad para que en este país se deje de creer en los reyes magos".

Las advertencias del ministro no excluyeron a su propio partido al dejar bien claro que el plan es compatible con el Programa de Covergencia europea del Ejecutivo socialista, "si los próximos gobiernos son capacs de mantener el actual esfuerzo fiscal y de inversión en infraestructuras".

El responsable de Obras Públicas dijo también que el precio de las actuaciones previstas en el plan es de 18 billones de pesetas en los próximos tres lustros, y que si alguién -en referencia a las administraciones autonómicas y locales- quiere que se haga más habrá que discutir la forma de finaciarlo.

Las previsiones del Gobierno cifran en unos 12 billones de pesetas el dinero que el erario público puede destinar en los róximos años a las infraestructuras que necesita el país para modernizarse, lo que representa una media anual de 853.000 millones de pesetas, y deja a los demás agentes públicos y privados la financiación de los 5,2 billones restantes (unos 350.000 millones al año).

Aunque Borrell advirtió que el plan no tiene más datos financieros que el coste global aproximado y lo que el Estado está dispuesto a gastarse en él, apuntó como vías alternativas a los recursos públicos de la Administración central la apotación de los ayuntamientos y comunidades autónomas, entes públicos y privados, y los propios beneficiarios de las infraestructuras que se hagan.

QUE PAGUE EL CONSUMIDOR

Entre las modalidades que apunta el plan para su financiación está el pago por los consumidores de "peajes blandos" o tarifas en algunas autovías, y carreteras de circunvalación para los entornos de los grandes centros metropolitanos, como es el caso de la M-50, la M-60 o el Corredor del Henares, proyectados para Madrid.

Además el Gobierno considera que las redes de puertos y aeropuertos deben seguir autofinanciándose por sus usuarios, por lo que no se destina presupuesto público para ejecutar las obras que el plan de infraestructuras prevé en este apartado, y hace una seria recomendación para que las infraestructuras hidráulicas sean financiadas en su totalidad por los beneficiarios finales de ellas como ya hacen algunos ayuntamientos.

DINERO COMUNITARIO

Mientras Borrell explicaba a los periodistas el contenido del plan,el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CE tomó la decisión de desbloquear las negociaciones sobre Fondos de Cohesión, lo que representa para España obtener unos 279.000 millones de pesetas en los próximos dos años, en el mejor de los casos y la posibilidad de empezar a pedir ya solicitudes de ayudas para los proyectos de infraestructuras.

Las actuaciones contempladas en el plan del Gobierno español, según el ministro, incluye la construcción entre 1993 y el año 2.007 de un total de 4.900 uevos kilómetros de autovías, de los que más de 400 serán de peaje, la mejora de otros 3.000 kilómetros de carreteras, la conexión con tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y la prioridad de la red de cercanías en las grandes ciudades.