Borrell hizo mucho hincapié en el carácter privado de Telefónica, lo que le deja las manos libres para contraer acuerdos con cualquier otra entidad privada sin el control del Gobierno, y destacó que esta empresa sólo tiene un contrato con el Estado para presta un servicio público de transmisión de voz.

Con respecto a la carta remitida por el MOPTMA a Telefónica en respuesta a una pregunta de esta empresa sobre la posibilidad de prestar el servicio de televisión local, Borrell afirmó que se trataba de una "respuesta jurídica", no una autorización.

AMPARO DEL TC

Borrell señaló que, "en el intenso proceso de liberalización de las telecomunicaciones que vivimos actualmente en España, la única base jurídica sobre la que podemos guiarnos es la sentencia dl Tribunal Constitucional (TC) que amparaba el funcionamiento de dos canales de televisión local por cable en las localidades oscenses de Monzón y Sabiñánigo".

La carta fue remitida a Telefónica veinte días después de recibir la consulta de esta empresa, y en ella se aseguraba que, con la doctrina del TC, que ampara el ejercicio de la libertad para difundir información, mientras no haya una legislación vigente que lo regule, nadie puede impedir a Telefónica que se convierta en operador de televisión pr cable.

"Telefónica tiene autorización expresa para tender una red digital integrada, que permita la transmisión multimedia (voz, datos e imágenes), pero la naturaleza de este sistema, que funciona por un chorro de bits, hace imposible limitar a transmisión de voz las posibilidades de esta red", explicó Borrell.

TRANSPARENCIA CONTABLE

En cuanto a la posibilidad de que la red que está instalando Telefónica, y que ahora ha puesto al servicio de Canal+, se beneficie de una subvención con fondos pblicos, lo cual le pone en situación de competencia aventajada frente a otros operadores, Borrell garantizó la transparencia de la contabilidad de Telefónica, que sólo prestará este servicio a través de sociedades filiales, perfectamente separadas de la compañía que presta el servicio público de telefonía terrestre.

Tras lamentar el retraso que está sufriendo el trámite de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, Borrell presentó la demora en la expansión de infraestructuras que tiene España frente a oros países como una ventaja, ya que "como no hemos hecho grandes inversiones en este sector, ahora no tenemos una red obsoleta, como ha ocurrido en Francia o Gran Bretaña, y podemos empezar a implantar una red digital, con vistas al futuro".

TRATO DE FAVOR

En el turno de respuesta de los portavoces de los partidos de la oposición, PP e IU coincidieron en hacer responsable al Gobierno de un trato de favor hacia Telefónica frente a otros operadores de cable y a Canal+ frente a otros programadores, dánoles la posibilidad de iniciar ya las emisiones mientras retrasa el trámite de la ley de Cable, pospuesta ya once veces.

La portavoz del PP, Ana Mato, señaló en su intervención que "no habríamos llegado a esta situación si el Gobierno hubiese cumplido sus compromisos en lugar de utilizar el cable como un objeto de mercadeo".

"El MOPTMA está persiguiendo a los operadores privados y al mismo tiempo ha asignado a Telefónica una función que contraviene el proyecto de Ley que el mismo Gobierno ha presntado a trámite en el Congreso, lo que supone un absoluto desprecio hacia esta Cámara", aseguró Mato.

EL GOBIERNO ESTA DETRAS

Por su parte, Felipe Alcaraz, portavoz de IU, consideró demostrado que el Gobierno está detrás de este acuerdo, retrasando la Ley de Cable y utilizando la estrategia de los hechos consumados para dar una ventaja de dos años a Telefónica y a Canal+ frente a los otros operadores, que deberán esperar ese tiempo antes de empezar a funcionar.

También cuestionó el carácter priado de Telefónica, "habida cuenta de que es el Consejo de Ministros quien nombra al presidente de esta compañía", y rechazó el argumento de basarse una sentencia del TC, emitida en una situación muy distinta a la actual, cuando no había ni siquiera un proyecto de ley de cable, para dar el visto bueno a la operación de Telefónica y Canal+.

Salvador Sedó, de CiU, señaló que el acuerdo entre las dos empresas "puede ser legal, si el Tribunal de Defensa de la Competencia así lo estima, pero desde luego no s ético ni legítimo".