Borrell, que clausuró un curso de verano de la Universidad Complutense sobre "El sector público en el mercado global", indicó que "es evidente que las carreteras se hacen con dinero y que las constructoras tienen por costumbre cobrar. Si hay menos dinero, el rtmo de ejecución necesariamente tendrá que ser menor".

El ministro no especificó cuales serían las áreas de su departamento más afectadas por el recorte presupuestario y señaló que hay un debate pendiente en la sociedad española para decidir si la financiación de las infraestructuras debe realizarse mediante impuestos, precios o una combinación de ambos sistemas.

Puso el ejemplo del peaje en las carreteras como alternativa a la financiación a través de los presupuestos, pero matizó que esta es un decisión que no debe tomar él, sino el Parlamento.

"También deberá decidirse", agregó, "si en el futuro habrán de construirse autovías libres o si, por el contario, se realizarán vías de peaje con financiación privada".

Se preguntó si existe capacidad fiscal para "seguir haciendo un esfuerzo colosal, como el que se ha hecho, de invertir 3 billones en seis o siete años, sólo para infraestructuras". Agregó que, si esa capacidad no existe, hay que decidir entre ralentizar el esfuerzo inversor o recrrir a la financiación privada.

Reconoció que aún existen carencias de infraestructuras para que la economía española se sitúe en el nivel de competitividad que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales. Advirtió que, con el sistema seguido hasta ahora por el Estado de ocuparse exclusivamente de las empresas deficitarias, será más difícil aún lograrlo.

Indicó también que hace falta cambiar el modelo de gestión del sector público para mejorar su rentabilidad y sus servicios. El ministro se mstró partidario de que el Estado participe en empresas que generen beneficios para poder encargarse también de algunas que son deficitarias "y de las que el sector privado no se ocuparía nunca".

Respecto a la iniciativa del Partido Popular de pedir una intervención del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del Plan de Carreteras, Borrell indicó que "nada que hay que temer ni que esconder".

El Partido Popular considera que el retraso de dos años en la finalización del Primer Plan de Carreteras (dl 91 al 93) y la desviación de un billón de pesetas en su presupuesto es "el fraude político más grave de los últimos años en España".