Durante la celebración de una jornada sobre "Telecomunicaciones para el fin de siglo" organizadas por Fundesco, Borrell dejó ver la posibilidad de que el proceso de libre competencia impuesto por la CE pra antes de que finalice 1998 podría exigir aplazamientos, ya que "es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana".

Este mismo criterio es compartido por Telefónica, que mantiene aún el monopolio de la telefonía básica y cuyo presidente, Cándido Velázquez, presente también en el encuentro, afirmó que "para el 98 no va a dar tiempo de adaptar las tarifas".

El MOPT y Telefónica coinciden en el criterio de que la entrada de competidores privados no debe acometerse hasta que el mercado ete preparado. Lo contrario obligaría Telefónica a efectuar fuertes incrementos en el mercado doméstico y sensibles rebajas en el de negocios, con los consiguientes efectos en la inflación y la economía de los usuarios.

Por su parte, Miguel Angel Fernández Ordoñez señaló que el aplazamiento del calendario comunitario "no es malo en si, pero ello no significa que haya que despilfarrar el tiempo del que se dispone", y abogó por introducir la competencia en el mercado con "al menos dos operadoras" y dinamzar hasta 1998 el incremento de precios que conllevará la liberalización.

Telefónica reconoce que actualmente existe una diferencia importante entre el precio de las llamadas en nuestro país y el de la media del resto de los "doce", pero aseguran que el coste del monopolio "es bastante menos de los 100.000 millones que dice el Tribunal".

Además, los responsables de Telefónica consultados por Servimedia señalaron que, "hoy por hoy, las llamadas urbanas en España son las más baratas de Europa", y rconocieron que se aprovechan los beneficios de servicios como el internacional para hacer una subvención cruzada y mantener "precios políticos" sin que afecte a la cuenta de resultados.

Para la operadora española, "liberalización significa libertad de precios", algo que comparte el propio Ministerio, pero que no está dispuesto a aceptar, ya que no renuncia al control de las tarifas en tanto no existan garantías de que se va a mantener un servicio social, es decir, que se atenderá aquellas áreas del mecado no rentables.

COMPETENCIA A MEDIAS

Entre las propuestas de liberalización del TDC figura la de aplicar la libre competencia para servicios de larga distancia, pero mantener el monopolio en los servicios básicos de voz locales, entendiendo por estos las llamadas urbanas y nacionales.

Según Borrell, con una liberalización inmediata, "los nuevos competidores se instalarían únicamente en el los sectroes más rentables del mercado, convirtiendo a los operadores públicos en empresas estructuralmete muy deficitarias y poniendo en peligro la universalidad de los servicios públicos".

La propuesta del TDC contempla elementos que, a juicio del ministerio y de la propia Telefónica introduciría fuertes distorsiones en el mercado, ya que no sería posible ser competitivos, manteniendo un sistema de control público de tarifas y el monopolio de los servicios locales de voz, tal y como recoge el informe del tribunal.

La liberalización propuesta por el TDC consiste en separar totalmente al regulador,el Estado, del regulado, es decir, las operadoras; ofrecer garantías de que se mantendrán los objetivos públicos del servicio telefónico, no limitar a Telefónica su capacidad para competir en cualquier franja del mercado; seguir con el control de precios; aumentar periódicamente, pero desde el primer momento, la competencia privada, y regular la televisión por cable.

Según indicó Fernández Ordoñez, el informe de su Tribunal está siendo objeto de debate en la Comisión Delegada del Gobierno para AsuntosEconómicos, en la que también es objeto de debate la reforma del mercado laboral propuesta por el Ejecutivo, y cuya prioridad, dijo, hará que sea posible conocer un marco liberalizador de las telecomunicaciones hasta enero o febrero del año que viene.