Borrell aludió, aunque sin citarlos expresamente, a los casos Rubio y Roldán, para afirmar que las conductas irregulares, "que nos han producido a todos el natural desencanto y la más absoluta decepción", no deben dar pie a creer que "idénticas circunstancias pueden darse ante cualquier denuncia".

En su opinión, "hemos entrado en una cierta dinámica en la que todo vale y se dice cualquier cosa, sin que se pueda verificar, lo que crea una sesación generalizada que no se corresponde con la realidad".

El titular de Transportes contestó hoy en el Congreso a una pregunta del diputado del PP Felipe Camisón sobre el supuesto fraude en la expedición de licencias de transporte y recordó que su ministerio inició en su día una investigación sobre el caso, que posteriormente fue paralizada por el juez para que no interfiriese en las diligencias judiciales.

Por su parte, Camisón dijo al ministro que estaba desaprovechando intencionadamente una magnífica ocasión parlamentaria" para arrojar luz sobre "tan inquietante asunto", empleando la "táctica del calamar".

A su juicio, tanto el secretario general de Transportes, Manuel Panadero, como el propio ministro conocían la trama desde hace años, porque la Guardia Civil lo denunció en octubre de 1990 "y el señor Panadero y el señor ministro se callaron".

El parlamentario popular recordó que él mismo lo denunció en una iniciativa parlamentaria en agosto de 1990, que apuntaba a varias organizacones clandestinas con ramificaciones en empresas públicas.