En unas jornadas organizadas por la revista "The Economist", Borrell aseguró que está decidido a poner fin a la situacón actual, en la que resulta imposible instalar una planta de residuos porque las autonomías, "independientemente de su color político", no se atreven a afrontar la impopularidad de esta medida.

El ministro dijo que el Gobierno apelará a la responsabilidad de las autonomías para que cambien de actitud y que, si eso no basta, cambiará las normas que facultan a las comunidades para tomar decisiones en este terreno.

Borrell planteó la misma queja al referirse a los problemas hidráulicos que plantea a negativa de algunas comunidades a aceptar el trasvase de sus aguas excedentarias a otras otras regiones y recalcó que el equilibrio hídrico es "una exigencia política del Estado".

Por otra parte, el ministro expuso algunos aspectos del Plan de Infraestructuras que el MOPT aplicará hasta el 2007 y señaló que las inversiones urbanas más importantes se realizarán preferentemente en las 93 ciudades de tamaño medio, que agrupan al 60 por ciento de la población española.

Adelantó asimismo que el tranporte por carretera mantendrá su cuota actual del 90 por ciento de la circulación de personas y mercancías, con la construcción de 5.000 nuevos kilómetros de autopistas y autovías, y que las inversiones en aeropuertos se centrarán en Madrid-Barajas, Canarias, Baleares y Bilbao.

Borrell afirmó que es preciso paliar la excesiva radialidad de las vías de transporte de España, producto de un excesivo centralismo histórico.

El ministro explicó que los fondos de cohesión y estructurales de la CE transfridos a España representarán entre el 1 y el 1,2 por ciento del PIB entre 1993 y 1999, alrededor de 600.000 millones de pesetas.

Con esos fondos se financiarán parte de las inversiones en infraestructuras, que el Gobierno quiere mantener en el 5 por ciento del PIB anual.