José Borrell señaló que el Ministerio "extremará la vigilancia para determinar si existen o no circunstancias anómalas en las cuales determinadas personas, físicas o jurídicas, puedan estar actuando como testaferros o fiduciarios de otros y, por lo tanto, adulerando la aplicación estricta de la legislación sobre televisión privada".

Sin embargo, el titular de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente afirmó, en referencia al caso de Tele 5, que "no tenemos constancia de que exita ninguna irregularidad. Si la tuviéramos, obvio es decirlo, habríamos actuado, y tampoco tenemos en estos momentos ninguna demanda de transacción sobre las acciones de Tele 5, sobre la cual debamos establecer la tutela que marcan las leyes".

Borrell señaló, respecto a la posble compra, que "he seguido con mucho interés las noticias publicadas este fin de semana en distintos medios de comunicación, anunciando unos y desmintiendo otros que había intención por parte de unos y de otros de comprar las acciones de los demás, pero de momento el Ministerio no ha recibido ninguna petición en la línea de lo publicado estos días para efectuar transacciones sobre las acciones de Tele 5".

Por otra parte, el ministro explicó hoy el acuerdo sobre la política de Telecomunicaciones que e Gobierno aprobó el pasado viernes para la liberalización del sector de las telecomunicaciones.

Como señaló el presidente del Gobierno, Felipe González, tras el Consejo de Ministros, se romperá el monopolio de Telefónica con la libertad completa de telecomunicaciones el 1 de enero de 1998.

Asimismo, se organiza un proceso de transición en el que se pretende conseguir la universalización total del servicio telefónico en España en 1996, para proceder después a abrir el mercado a la competencia de dversos operadores.

Mientras tanto, se regularán la televisión por cable, la televisión local y la liberalización global de las infraestructuras de telecomunicación, hasta ahora operadas sólo por Telefónica.

En su opinión, esta política debe perseguir como objetivos fundamentales el proporcionar a los consumidores una oferta diversificada de servicios de calidad a precios competitivos, mejorar la competitividad de las empresas, garantizar que todos los ciudadanos tengan los servicios básicos de teecomunicaciones, y favorecer el desarrollo de sector nacional de telecomunicaciones.

La liberalización de la telefonía vocal básica, prevista para el 1 de enero de 1998, se hará como consecuencia de tres condiciones previas que el ministro calificó com "prioritarias".

La primera consiste en extender el servicio a la totalidad del territorio, la segunda pretende adaptar el marco tarifario a las condiciones de la competencia internacional.

Por último, definir las obligaciones de servicio públio de la telefonía vocal y garantizar su prestación mediante la fijación de las tasas de acceso que deberán pagar los operadores en competencia al operador quue asuma dichas obligaciones.