Su equipo de abogados encabezado por Gonzalo Boye, que también representa a Carles Puigdemont, entiende que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por ley, a un juez imparcial, a la presunción de inocencia, a tutela judicial efectiva, al derecho de defensa, al derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y a la protección del entorno virtual, a un proceso con las debidas garantías, al principio de legalidad, al derecho a la libertad personal, al principio de proporcionalidad y al derecho de representación y participación política.

La defensa de Borràs enmarca su batalla dentro de la idea de que este juicio no tiene que ver con su actividad al frente del ILC, sino que se la juzga por su defensa de la independencia de Cataluña y con el objetivo de desactivarla como líder de Junts.

El plazo para la presentación de recursos dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña expiró este miércoles. Borràs ha sido la única que ha recurrido. La Fiscalía no lo ha hecho por entender que la sentencia recoge sus tesis y condena la política por los delitos de prevaricación y de falsedad en documento oficial y en documento público, aunque la pena impuesta es menor a la que solicitaba el Ministerio Público.

Borràs fue condenada por haber fraccionado los contratos para la modernización de la web del ILC, con el objetivo de adjudicarlos a dedo a la empresa de su amigo Isaías Herrero, también condenado en esta causa. En total, el monto de esos contratos superó los 335.000 euros.