El dirigente socialista dijo que "un plan que no contemple los usos y gestión del agua, es un plan de obras", y lamentó que el texto se redactara sin lograr un mínimo consenso entre las distintas comunidades autónomas.

En la segunda jornada del Congreso Internacional de Periodismo Medioambiental, Bono señaló que es un "disparate" que España sea el segundo país del mundo en consumo de agua y se refirió a la elevada cantida de recursos hídricos que absorbe la agricultura, señalando que 4 hectáreas de riego gastan lo mismo que una población de 1.000 habitantes al año.

Asimismo, se refirió al polémico trasvase Tajo-Segura, para recordar que Castilla-La Mancha es la única comunidad que cede agua a otras regiones, aunque matizó que no lo hace por "voluntad propia".

José Bono afirmó que algunos de los cítricos regados en los campos levantinos con agua del Tajo se han convertido en excedentes que han sido cedidos a hospiales e instituciones benéficas.

Respecto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego aseguró que este espacio natural "no se puede abandonar a pesar de lo seco que está", debido a las filtraciones y la falta de lluvia.

También hizo alusión a las Hoces del Río Cabriel, declaradas recientemente por su Gobierno reserva natural, para explicar que no le parece razonable que se culpe del retraso de la autovía a quienes promueven la protección de este entorno, l tiempo que insistió en la existencia de otras alternativas válidas para cerrar la autovía de Valencia menos lesivas para el medio ambiente.

Finalmente, habló del recién creado Parque Nacional de Cabañeros y aseveró que la presión de las organizaciones ecologistas ha resultado fundamental para salvaguardar, con la máxima protección, los valores naturales de este espacio.

Por otra parte, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, aprovechó su intervenión en el I Congreso Nacional de Periodismo Ambiental para poner en duda que el nuevo Código Penal vaya a entrar en vigor. A su juicio, las administraciones públicas se han mostrado cómplices y dóciles con quienes no respetaban la legislación ambiental.