Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que fue la semana pasada cuando el juzgado de Grande-Marlaska recibió el informe de Bono, dos cuadernos "muy extensos y con multitud de datos" que el ex ministro de Defensa se comprometió a incorporar a la causa durante su declaración ante el magistrado, una comparecencia que tuvo lugar el pasado 14 de abril.

Estas mismas fuentes señalaron que lo más interesante del informe presentado por Bono son las quejas que varios militares presentaron antes del siniestro del Yak-42 en las que protestaban por las condiciones de los aviones en los que eran transportadas las tropas.

En su declaración como testigo, Bono aseguró que antes del siniestro del Yak-42 existían al menos 18 quejas sobre las deficiencias de los vuelos, y afirmó que al menos una de estas denuncias, en concreto una elaborada por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset), llegó vía fax al gabinete del Ministerio dirigido en aquella época por Federico Trillo.

En aquella ocasión, Bono indicó que el malestar en el seno de las Fuerzas Armadas por las deficiencias en la seguridad de vuelos de transporte de las tropas, tanto en lo referente a la calidad de los aparatos como en relación con la capacidad de las tripulaciones, era "elocuente y alto".

Fuentes cercanas a Bono explicaron a Servimedia que el objetivo del informe remitido por el presidente del Congreso es apoyar con documentación las afirmaciones efectuadas durante su declaración ante Grande-Marlaska.

El informe de Bono también refleja que hasta la fecha del accidente del Yak-42 nunca se habían realizado inspecciones en los aviones que se utilizan para transportar a los militares en misiones en el exterior.

En su declaración, el ex ministro de Defensa aseguró que la labor de inspección era responsabilidad de las autoridades españolas y no de organismos como Namsa, la agencia de contratación de la OTAN.

IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA MILITAR

Además, el caso que instruye Grande-Marlaska está pendiente de que el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, se pronuncie sobre la solicitud realizada por un grupo de familiares de las víctimas del Yak-42 que ha pedido la imputación de 14 altos cargos del ejército, entre ellos toda la cúpula militar, a los que acusan de 62 delitos de homicidio por omisión por su implicación en la contratación del avión siniestrado.

Las fuentes consultadas señalaron que el fiscal Burgos está a la espera de conocer el informe que ha de presentar la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty) -otra de las acusaciones particulares personadas en la causa- sobre esta solicitud para tomar una decisión al respecto.

El abogado Leopoldo Torres, en representación de varios familiares, presentó la pasada semana un escrito ante Grande- Marlaska en el que pedía la imputación de estos 14 altos cargos militares, entre los que se encuentra la totalidad de la cúpula militar en el momento del accidente.

Entre ellos destacan el almirante general jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno; el teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre; el teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza; y el general de división jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta.

Por otro lado, mañana deberá comparecer ante Grande- Marlaska el representante legal de la empresa contratista Chapman Freeborn en Alemania, Russi Batliwala, responsable de la firma del contrato que alquiló para el Ministerio de Defensa el Yak-42.