"Se puede decir gritando, pero no más claro. Y los ciudadanos deben creernos, voten a quien voten, sencillamente porque es la verdad", insistió.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bono afirmó que "hay personas que se dedican a sembrar sospechas", en alusión al PP. "Creen que un modo de hacer política, yo creo, que de índole egoísta y meramente electoral, es atribuirle al Gobierno acciones que serían muy dignas de ser criticadas pero que, en cualquier caso, son falsas".

Pidió al PP "que recupere la responsabilidad y la memoria". Recordó, a este respecto, y con recortes de prensa en la mano, cómo el 5 de noviembre de 1998 el entonces ministro portavoz, Josep Piqué, hablaba de dialogar directamente con ETA.

Y añadió otra información, de ese mismo día, en la que se daba cuenta de que José María Aznar avalaba a quienes le iban a representar posteriormente en las conversaciones de Zurich (Pedro Arriola, Ricardo Martí Fluxá y Francisco Javier Zarzalejos) y reconocía a ETA-Batasuna como "Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)", usando la terminología "abertzale".

"Entonces, la oposición calló, porque todo lo que sea enfrentamiento entre fuerzas democráticas es dar gusto a los terroristas y es mucho más importante ganar a los terroristas que ganar las elecciones", añadió. "Que recuperen la responsabilidad y la memoria, de lo que hicieron y de lo que hicimos, y que sean generosos en la lucha contra los asesinos de ETA", apostilló.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desmintió también los supuestos contactos del PSE con Batasuna, y se remitió a lo dicho por el PSOE vasco, "que ha negado reiteradamente cualquier tipo de diálogo político oficial y cualquier tipo de negociación" con Batasuna.

En cuanto a la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Fernández de la Vega dijo que, "desde el primer momento, desde el primer rumor", se pidió investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Y en esa labor hubo varios informes de la Guardia Civil al Servicio Jurídico del Estado. La conclusión final ya la conocen ustedes: que, de los datos aportados, no se deducen elementos suficientes que puedan constituir la base técnica necesaria para el inicio de una acción penal de ilegalización", concluyó.