El fondo surge gracias al superávit que el Fogasa ha tenido en los años 1998 y 1999 debido a la bonanza económica, que ha rebajado sensiblemente el cierre de empresas y las suspensiones e pagos y, por el contrario, ha provocado un aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, en la recaudación.

El Fogasa es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, financiado con cuotas de las empresas, garantiza a los trabajadores la percepción de salarios e indemnizaciones por despido cuando sus empresas son insolventes o quiebran.

En el año 1999, el Fogasa tuvo un superávit de algo más de 36.000 millones de pesetas, que sumados a los casi 9.00 que le sobraron en 1998, originan un remanente actual de 45.000 millones, equivalente a la mitad de lo que recauda este organismo cada año.

Además, de mantenerse la actual bonanza económica, la previsión para este año es que se logre un nuevo superávit de otros 35.000 millones de pesetas, que podrían incorporarse también a este "colchón" para tiempos peores.

Según Serrano, se trataría de "invertir estas reservas en algún modelo que, como la deuda pública, logre la máxima rentabilidad con las máxmas garantías de seguridad y transparencia". De esta forma, aumentarían los remanentes para poder utilizarlos cuando se necesiten.

La creación definitiva del fondo está en manos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que, con un informe del propio Fogasa, tendrá que decidir sobre la composición del sistema de reserva y la manera de gestionar el dinero.

PRIMER TRIMESTRE

El Fogasa pagó durante el primer trimestre de este año un total de 9.056 millones de pesetas a trabajadores cuyas empreas quebraron o se declararon insolventes, lo que supuso un ahorro para las arcas públicas de 7.896 millones de pesetas en comparación con los 16.953 millones abonados durante 1999, un 46,58% menos.

Según los datos de este organismo, los trabajadores beneficiarios de las prestaciones del Fogasa durante el primer trimestre de 2000 fueron 19.965, frente a los 31.821 del 99 (un 37% menos), en tanto que las empresas insolventes que pasaron por él fueron 9.181, frente a 13.369 del año anterior (un 31,33% meos).

Por comunidades autónomas, los más afectados por cierres patronales fueron los trabajadores catalanes (7.950), los madrileños (4.795) y los valencianos (3.851), mientras que en Cantabria y Extremadura sólo 521 y 421 empleados por cuenta ajena se vieron afectados por este problema.

El dato es similar referido a las provincias, con más cierres patronales en las de mayor capacidad productiva, como Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que Avila, Guadalajara, Segovia, Palencia, Teruel y Zamora penas sufrieron incidencias de este tipo.