La nueva Ley de Sociedades Limitadas ha anulado el límite de 9 años que la Ley de Auditoría establecía como número máximo de años en que una firma de auditoría podía permanecer fiscalizando las cuentas de una empresa.

Bolufer ha rechazado el argumento de que somos el único país en el que existe esta condición, añadiendo que tambien existe en Italia. Por el contrario, ha señalado, se lo están planteand en un buen número de países aunque su puesta en vigor plantea dificultades.

De hecho, en otros países se exige al menos que haya una rotación entre los socios y las personas que hacen el trabajo de auditoría en cada compañía "puesto que se generan relaciones de amistad o enemistad" que pueden interferir en la necesaria independencia del auditor.

Bolufer ha manifestado también la voluntad del ICAC de presionar a las compañías de auditoría, sin descartar las sanciones, para que manejen un lenguajemás claro en sus informes y animarles a que emitan un mayor número de opiniones desfavorables, o que no emitan opinión.

Ricardo Bolufer añade que para ello no es necesario modificar las normas "sino los hábitos". En este sentido ha matizado que en nuestro país la actividad auditora es todavía una actividad joven ya que hasta hace poco tiempo "apenas existía información financiera".

AUDITAR AL SECTOR PUBLICO

El presidente del ICAC ha reconocido que las firmas de auditoría podrían incrementar su recimiento de mercado prestando sus servicios al sector público. Según ha señalado a Servimedia, de hecho se está produciendo una aproximación de la mayoría de estas firmas hacia el sector público, especialmente ayuntamientos.

Las grandes firmas saben que el ámbito de la empresa tiene escasa capacidad de crecimiento ya que las mayoría de las empresas que deben ser auditadas, de acuerdo con la normativa vigente, lo están siendo ya.

Por el contrario, el sector público es un mercado virgen. La aproxmación de estas firmas se está produciendo mediante fórmulas de prestación de servicios complementarios y de fórmulas de auditoría voluntaria para entidades públicas como los ayuntamientos.

Bolufer es partidario de esta fórmula y de la posibilidad de extender la auditoría a ayuntamientos y otros organismos del Estado, y no descarta que, con el tiempo, llegue a establecerse una normativa para que las cuentas del sector público sean auditadas por firmas independientes.

Sin embargo, reconoce que, po ahora, es una perspectiva lejana, entre otras razones, porque supondría la modificación de normas de rango superior, "que podría afectar incluso a la Constitución".

Además, el auditor independiente emite su opinión en base a unas normas de contabilidad objetivas. Sin embargo, los principios contables del ámbito público "no están muy desarrollados ya que por mucho tiempo ha sido una contabilidad administrativa. Lo primero que habría que hacer, pues, es desarrollar estos principios".

Precisamente,una de las labores que inicialmente están desarrollando algunas firmas de auditoría en sus relaciones con entidades del sector público es la de asesoramiento en cuanto a la programación contable.