Sin embargo, Narbona reconoció que la sanción se ajusta a los preceptos de la Ley de Aguas, normativa en la que se ha basado el Gobierno para multar a la empresa propietaria de las minas de Aznalcóllar.

La dirigente socialista delaró a Servimedia que "la cuantía de la sanción es escasa si se compara con el daño que provocó el vertido, ya que durante los últimos cuatro años las Administraciones han destinado cerca de 40.000 millones de pesetas a reparar los daños que ocasionó este desastre ecológico, de los cuales unos 25.000 millones los aportó la Junta de Andalucía".

Asimismo, destacó los problemas que habrá que afrontar para lograr que los propietarios de la mina paguen la multa, puesto que la mina cerró y la empresa matrizde la sociedad que la explotaba no tiene su sede en España.

Por este motivo, Cristina Narbona urgió al Gobierno a que cumpla el compromiso que manifestó en su día José María Aznar de aprobar una Ley de Responsabilidad Civil Subsidiaria en materia medioambiental.

Además, la secretaria de Medio Ambiente del PSOE recordó que su partido ha reclamado en diversas ocasiones al Gobierno que realice un inventario de las balsas de residuos mineros que hay en España, para conocer aquéllas en las que existe iesgo de que se produzca un desastre similar al que ocurrió en Aznalcóllar, y una normativa que regule la seguridad de las presas, incluidas las de las balsas mineras.