Romero declaró a Servimedia que la cuantía de la multa que ayer impuso el Gobierno central a la empresa es escasa, ya que asciende a 45 millones de euros, cuando las Administraciones Públicas han invertidocerca de 240 millones para regenerar la zona y reparar los daños.

Además, se mostró partidario de denunciar a los responsables de la empresa ante los tribunales, ya que si bien el procedimiento penal iniciado en su día fue archivado, se puede recurrir a la vía civil, acción que la Junta de Andalucía ya ha anunciado que emprenderá.

"Los responsables", dijo, "no se pueden ir, como han hecho, como si nada hubiera pasado, cuando la realidad es que el vertido provocó el desastre ambiental más importane de la historia de España. La empresa no ha asumido ninguna responsabilidad, más bien al contrario, ha recibido subvenciones y una vez que las cobró cerró y despidió a 400 trabajadores".