En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Félix Bolaños respondió a la senadora de Geroa Bai Uxue Barkos, que le preguntó si el Gobierno cree que es compatible “el combate democrático a la ultraderecha” con el mantenimiento de “la ley franquista de secretos oficiales”.

Barkos destacó el avance de la ultraderecha en el conjunto de Europa en las elecciones del 9 de junio, aunque admitió que “en el Estado español los resultados no han tenido la dimensión que en Francia, que en Italia o incluso que en Alemania”.

La senadora de Geroa Bai reconoció que el Gobierno “se ha fajado en este combate y además ha hecho de este combate seña de identidad del Gobierno Sánchez”, pero instó a combatir el fenómeno y trabajar propuestas concretas, entre ellas modificar la ley de secretos oficiales que proviene de la dictadura franquista.

Bolaños expresó la voluntad del Ejecutivo “de efectivamente abordar la regulación de los secretos oficiales en nuestro país”, al ser “preconstitucional”, y esgrimió que él mismo y el Gobierno “fueron los que impulsaron un anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Secretos Oficiales”.

No obstante, recalcó que es precisa “una voluntad y un acuerdo amplio, muy amplio de esta Cámara, también del Congreso de los Diputados” para llegar a “un equilibrio que sea razonable, que garantice desde luego el derecho al acceso de la información de los ciudadanos, la transparencia, el conocer documentos oficiales que en algún momento fueron clasificados y eso lo tenemos que combinar con la seguridad nacional”.

En la dúplica, Barkos consideró que mantener la citada ley es “amparar el silencio de aquella ultraderecha que protagonizó los graves sucesos de los Sanfermines del 78, amparar en el silencio Montejurra del 76” y proteger “en el silencio y la impunidad el caso de Mikel Zabalza”. “Es evidente que hay que terminar con este monumento franquista a la desmemoria”, remarcó.

En su turno final, el ministro secundó que la norma en vigor “no se corresponde con los parámetros europeos” y reclamó a los grupos políticos apoyar una nueva ley porque, señaló, “tenemos que adaptar nuestros estándares a países europeos y también a organismos internacionales de los que somos parte, como, por ejemplo, la OTAN, que tiene unos determinados plazos y unos protocolos para desclasificar documentos”.