En la exposición de motivos del decreto, que entrará en vigor mañana, el Gobierno afirma que "el establecimiento de la sede de la CMT en Barcelona es una medida acorde con la estructura del Estado autonómico, sigue la práctica de los países de la Unión Europea y responde a los principios rectores de la organización de las Administraciones Públicas de descentralización, desconcentración y coordinación" (artículo 103 de la Constitución Española).

"Las nuevas tecnologías de la sociedad de la información permiten la ubicación de sedes de organismos de manera desconcentrada sin que por ello se vean afectados sus niveles de eficacia, algo que es especialmente predicable de la CMT por el ámbito de competencias que le es propio", agrega la norma.

"Con esta decisión", prosigue el texto, "el Gobierno da cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 14 de octubre de 2004, y considera, de igual forma, una petición del Parlamento de Cataluña, de 21 de febrero de 2001, acordada unánimemente por todos los grupos parlamentarios".

"El traslado de sede no ha tenido ningún efecto negativo para el buen funcionamiento de la CMT ni ha producido perjuicio alguno para el sector de las telecomunicaciones, habiéndose solucionado satisfactoriamente los problemas personales derivados del traslado", agrega el Ejecutivo en el decreto.