Los primeros beneficiarios de esta norma, considerada por el Gobierno como el cuarto pilar del estado del bienestar, serán los 200.000 grandes dependientes que hay en España.

El desarrollo de esta ley se gestará en el Consejo Territorial de la Dependencia, órgano conformado por la Administración central y las comunidades autónomas, en el que se fjarán las cuantías de los copagos, así como las percepciones que reciban los cuidadores familiares, entre otras cuestiones.

El Consejo deberá estar formado, según recoge la ley, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor.