L APDHE asegura que los ciudadanos españoles asisten con estupor a una catarata de declaraciones de la jerarquía católica sobre la boda de Cascos "cuando parecía que la Iglesia católica había asumido el respeto a la sociedad civil".

A su juicio, a pesar de lo "bochornoso" que resulta para Cascos recibir estas críticas, eso no es lo peor: "Lo que tiene de más grave esta campaña de críticas es el ataque a los derechos más fundamentales de la persona, recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos (OU, 1948), así como en los artículos 10 y 14 de nuestra Constitución, que consagra la libertad de conciencia y condena sin paliativos la discriminación por razones religiosas".

"Consideramos que el señor Alvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno de España y elegido por sufragio universal diputado del Congreso, ha ejercido su derecho indiscutible a organizar su vida privada como mejor le parece, de acuerdo con el cuerpo legal vigente aprobado por nuestros representantes", indica la nota.

Finalmene, la APDHE afirma que cada uno podrá juzgar políticamente a los políticos y la Iglesia aconsejar cuanto le parezca oportuno, "pero rechazamos con energía la descalificación política de nuestros representantes por razones religiosas".

Estas descalificaciones son "un grave atentado a los derechos humanos, a la Constitución española y al irrenunciable principio de la soberanía popular", según la organización.