Los aseguradores consideran que esta iniciativa perjudicaría seriamente al sector, históricamente aquejado por las pérdidas, por lo que la patronal ha reaccionado con rapiez a la posibilidad que se ha barajado de crear la citada tasa, que podría alcanzar el 4% de las primas de los seguros de riesgo, y ha pedido explicaciones al Ministerio de Economía respecto a esta posibilidad.

Aunque Boada ha manifestado sus reservas sobre una iniciativa "que todavía no conocemos, ni tampoco si afectaría a todos los seguros de riesgo", se ha apresurado a advertir del negativo impacto que una medida como ésta tendría en el sector asegurador y en los consumidores, en general.

"El eguro de riesgo, y en particular el de automóviles, es un seguro muy popular, que afecta a 18 ó 19 millones de usuarios, a los que, de hecho, se les aplicaría un nuevo impuesto", ha afirmado Boada.

En este sentido, es previsible que la medida pueda producir un enfrentamiento con las asociaciones de consumidores "porque el seguro de automóviles tiene muy poco margen, y todavía estaba en pérdidas en 1995 en el conjunto de las compañías, y tendríamos que repercutir esa tasa en el precio de las pólizas", ñadió Boada.

El presidente de la Comisión de Automóviles de Unespa considera que con esta medida "se optaría por una forma fácil de recaudar, puesto que el número de compañías de seguro que controlan el ámbito del seguro de automóvil es reducido", pero se podría producir un serio daño a un sector que en los últimos años ha hecho notables esfuerzos por reducir los costes y salir de la situación de pérdidas.

Un esfuerzo en el que la Dirección General de Seguros, órgano de supervisión y control del ector, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, ha tenido un fuerte protagonismo a través de sus continuas recomendaciones para reducir los costes de las compañías, y recomendar un control de los precios de sus polizas por su fuerte impacto inflacionista.

Todavía en 1995, el conjunto de las compañías de seguro de automóviles arrojaba un total de pérdidas de entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas, cantidad similar a la que el Estado recaudaría con la tasa, sobre una facturación total próxima a billón de pesetas.