Según explicó la autora de la propuesta, la diputada nacionalista Pilar García Negro, una norma en ese sentido haría justicia a la práctica política habitual del actual Ejecutivo autonómico.

En opinión de García Negro, en los últimos años la Xunta de Galicia y, sobre todo, la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, practican una política de asividad e incluso de acoso al gallego.

"No sólo no cumple los mínimos legales en materia de normalización lingüística", precisó, "sino que incluso está imponiendo directa o indirectamente el uso del castellano".

La iniciativa de García Negro está motivada por la exigencia lingüística de la Xunta a los alumnos libres de Formación Profesional, a los que se les pidió contestar necesariamente en castellano varias preguntas de un examen de formación humanística.

A juicio de Pilar García Negro, "arece imposible llegar más lejos en el desprecio del idioma propio. La Xunta no acata las leyes ni respeta los mínimos, ni mueve un dedo, no sólo para promover el gallego, sino para dejar que su uso emerja y se produzca libremente".