Pérez denuncia que "en el Estado Español no existe ninguna normativa que garantice los derechos de los usuarios de las autopistas como consumidores de este servicio".

El senador nacionalista pone el ejemplo de la Autopista del Atlántico, construida con fondos públicos y de titularidad estatal, pero gestionada por una empresa privada (Audasa). En esta vía, "cuando se realizan obras, que provocan atascos y los correspondientes retrasos para los usuarios, éstos no tienen ningún derecho a reclamar una devolución de parte del peaje", según este senador.

"En definitiva", critica, "el usuario de las autopistas de peaje del Estado español no tiene ningún derecho en estos casos en los que la concesionaria le presta un servicio claramente inferior".

EJEMPLO DE PORTUGAL

El senador del BNG pone como ejemplo la reforma recientemente aprobada en Portugal que determina los procedimientos para la reclamación y devolución de los peajes relativos a tramos o subtramos en obras en las autopistas de titularidad estatal.

En concreto, la normativa portuguesa permite a los usuarios de las autopistas de peaje solicitar que se les devuelva la parte correspondiente al tramo en obras, cuando estas ralentizan de forma evidente el tráfico.

El usuario tiene 60 días, a contar desde el paso por el tramo en cuestión, para reclamar y la concesionaria tendrá que restituir el dinero en un plazo máximo de 30 días una vez recibida la reclamación.

Pérez Bouza destaca también que la ley vigente en Portugal establece las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas concesionarias cuando realizan obras en las autopistas, como que el tramo en obras no exceda los 10 kilómetros, que el límite de velocidad no sea inferior a 80 km/hora, o que el ancho de la vía no pueda ser inferior la dos tercios de la anchura de la vía inicial.