El parlamentario gallego, en su escrito al Ejecutivo, insinúa que el Gobierno podría haber hecho dejación de la defensa y tutela de los derechos humanos más elementales para obviar el conflicto generado entre EEUU y España.

Rodríguez recuerda que "la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez que archive el caso por la muerte de José Couso" al considerar el Tribunal que no tiene jurisdicción para investigar los hechos.

La Audiencia Nacional también revoca las órdenes de detención de los tres militares norteamericanos que dispararon y entiende que no se trató de un asesinato, sino "de un acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado".

Sin embargo, recuerda el parlamentario del BNG, "el juez consideró que los hechos constituían un delito contra la comunidad internacional en relación con otro de asesinato cometido contra personas civiles protegidas por el IV Convenio de Ginebra".

Además, Rodríguez recuerda que el fiscal general del Estado español se mostró de acuerdo con el archivo de la querella, "expresando los mismos criterios de la Audiencia Nacional y agradeciendo al embajador de los Estados Unidos lo que llamó 'su apoyo por la colaboración judicial'".

DESPROTEGIDOS

Ante esta situación, el diputado del BNG pregunta al Gobierno por su posición en relación con este hecho y le recuerda que la familia del cámara asesinado está "totalmente desprotegida por la Justicia española".

Asimismo, Rodríguez demanda conocer en qué se basó el Fiscal General del Estado para justificar el archivo del sumario y coincidir con las tesis de que no existe jurisdicción por parte de los tribunales españoles para pronunciarse sobre esta acción de guerra.

El parlamentario gallego pone de relieve la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en la investigación judicial y pregunta si no existe "concatenación y relación casual" entre la petición de archivo de la causa por el fiscal de la Audiencia Nacional, en noviembre del año pasado, y la visita de los representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Audiencia Nacional a sus homólogos estadounidenses a finales de octubre.

Con anterioridad, relata Rodríguez, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional dictó un auto de busca y captura para que fueran extraditados los militares que presuntamente asesinaron a José Couso.

Por último, el diputado del BNG, insinúa que el Gobierno puede estar actuando de espaldas a la defensa y tutela de los derechos humanos más elementales para obviar el conflicto generado entre EEUU y España por la querella criminal presentada por este caso.