El portavoz de BNG apostó por que la justicia asuma "con total normalidad que el gallego, el catalán y el euskera son lenguas oficiales y deben de ser respetadas en todos los trámites sin excepción".

Esta regulación responde a la voluntad de respetar un "derecho humano elemental amparado por las leyes" y supone un "paso muy importante de identificación de la justicia con la sociedad".

A los jueces que muestren resistencia a esta medida, les advirtió que "no pueden primar los intereses corporativos sobre los intereses colectivos". "Es imposible impartir justicia si no se hace en las lenguas de los justiciables. Esto es un derecho elemental y asumirlo es algo básico", conclusión.