En su iniciativa, el BNG resalta que "la varita mágica no existe, pero no es con grandes campañas publicitarias ni con el aumento de la represión como se va a lograr reducir el número de accidentes", por lo que tratar de combatirlos de este modo es "una forma más de posibilitar ganancias, subordinando la seguridad vial a intereses privados".

"La Dirección General de Tráfico (DGT) está viciada de raíz. Su actuación está condicionada, a través de la creación de necesidades, por las multinacionales del automóvil y por los fabricantes de nuevas tecnologías muy costosas", añade el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez.

Explica que la Ley de Seguridad Vial es "aceptable, pero las medidas decisivas se toman a través de un Reglamento que no pasa por las Cortes Generales, por lo que no hay posibilidad de discutirlas. Pero existen fundadas sospechas de que se pactan con las multinacionales".

En su opinión, "la obsesión es el control, la vigilancia y las sanciones, que son, sin duda, necesarias, pero no primordiales. Habría que enfatizar otros aspectos: la educación vial, la calidad de vida, la preocupación por la salud y que el coche no lo invada todo, no condicione de forma tan brutal los espacios urbanos".

En estas circunstancias, el BNG pregunta al Gobierno con qué asesoramiento elabora el Reglamento que desarrolla la Ley de Seguridad Vial, y si su política está condicionada por las multinacionales del automóvil y por las compañías de seguros y de publicidad.

El BNG quiere que el Ejecutivo aporte por escrito el gasto anual de la DGT en campañas propagandísticas, y la cantidad que invierte en la adquisición de material destinado a garantizar la seguridad vial, y particularmente, en nuevas tecnologías.