Así lo dejó ver hoy el ministro de Comercio, Javier Gómez Navarro, al señalar que la situación de los créditos se debe a la decisión de la nuev administración venezolana de no hacer uso de los créditos "blandos" concedidos por el Gobierno español a aquel país, por entender que existen otros planes de infraestructuras más urgentes que los contemplados en el plan de ayudas FAD del año pasado.

Gómez Navarro indicó también que los créditos comprometidos contemplaban varios proyectos, pero que el más importante, de 143 millones de dólares, más de 18.733 millones de pesetas, era el destinado a mejorar la infraestructura tecnológica y electrónica d todos los aeropuertos del país, a través de un contrato con el grupo español Indra.

El propio secretario de Estado de Comercio, Apolonio Ruíz Ligero, señaló a Servimedia que la situación generada ha supuesto un duro revés para el grupo electrónico español de capital público, inmerso en una importante ofensiva exterior para compensar la caída de la cartera de pedidos, debido a los recortes de gastos en Defensa que desde hace dos años viene aplicando el Gobierno.

El grupo Indra, que integra a socidades como Eritel, Ceselsa e Inisel, tuvo el año pasado unas pérdidas de unos 7.000 millones de pesetas, después de registrar unos ingresos por facturación de unos 50.000 millones, y sólo un 15 por cien de esta cantidad se destinó a la exportación.

Durante la primera mitad de este ejercicio, y como consecuencia de la política emprendida para aumentar ese porcentaje de negocio exterior, el grupo cuenta con operaciones, como la paralizada ahora en Venezuela, que le han permitido reducir los "números rojs" en unos 5.000 millones, aunque el "bloqueo" de venezuela podría acabar lesionando sensiblemente la cuenta de resultados.

Tanto Ruíz Ligero como Gómez Navarro insistieron en que la situación de Venezuela no responde a una penalización o iniciativa del Gobierno español, tal y como están insinuando desde estancias oficiales de aquel país, sino al deseo del Ejecutivo venezolano de no materializar esos créditos, entre los que estaba una partida de 25 millones de dólares para la construcción de la denomiada presa de Las Palmas.

En cualquier caso, señaló el ministro de Comercio, si lo hubieran hecho, el Gobierno habría tenido que exigir el pago previo de los créditos aplazados pendientes, en referencia al dinero otorgado por la Administración española a Venezuela en ejercicios anteriores a través del FAD, y que luego se emplearon para la compra de azucar a Cuba.

SIN PREFERENCIAS

El ministro rechazó también las denuncias aparecidas en la prensa de un supuesto trato preferente del Gobierno para l empresa Eductrade, perteneciente al grupo de empresas de Jesús Polanco, propietario de PRISA, la editora de El País y de la editorial Santillana.

Según Gómez Navarro, las concesiones de FAD se hacen a los Gobiernos y no a las empresas, que si se benefician de ese dinero en sus proyectos empresariales es porque han logrado ganar el consurso para la adjudicación del contrato que debe realizar el Estado en cuestión.

Dichas acusaciones apuntaban a la financiación con dinero público español de operacones de exportación de material educativo por parte de la empresa de Polanco. El responsable de Comercio recalcó que la única fórma de dar un trato preferente habría sido la de entregar a esa empresa el justificante de que su proyecto es financiable con créditos, y no dársela a las demás que deseaban entrar en los concursos de los que se benefició, algo que no ha ocurrido, aseguró.