Romero declaró a Servimedia que la operación realizada en Melilla, que puso al descubierto el "blanqueo" de un billón de pesetas en cinco años, pone de manifiesto "además de un logro de la Guardia Civil, un fracaso de los los mecanismos de prevención" que existen contra estos delitos.

"Existe una comisión de prevención del blanqueo de capitales que exige a los bancos colaboración, y si hay alguna sospecha de que se está produciendo un tráfico de esta naturaleza, los bancos lo tienen que comunicar. Sino lo hacen, las sanciones son muy fuertes, de modo que espero que la entidad involucrada en esto (el Banco Popular) tenga la sanción máxima, que es el cierre de la sucursal", agregó.

Agregó que las cantidades que se manejan son "muy graves", por lo que la sanción tendría que ser "muy fuerte". Además, insistió en que están involucradas en el asunto varias oficinas de cambio, y recordó que el reglamento sobre estas oficinas exige que sus titulares sean personas de honorabilidad, y "no parece que este fera el caso, por lo que hay que tener mucho máss control".

Insistió en que, "si sucede esto, es porque los mecanismos de prevención no funcionan, no son ágiles", por lo que exigió que la citada comisión, presidida por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, "se encargue de impulsar los macanismos para prevenir este tipo de sucesos".

Romero subrayó que, como ya había denunciado anteriormente, en muchas oficinas de cambio y algunas entidades bancarias de la Costa del Sol y el Campo e Gibraltar, "se registra un volumen de cambio mucho mayor del que la actividad de la zona genera", por lo que pidió un control más exhaustivo.