En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, Blanco explicó que ambos partidos habían pactado congelar los trabajos de la comisión en tanto durara la campaña del referéndum europeo.

Una vez celebrado, el PSOE, dijo el "número dos" de los socialistas, "está en condiciones de dar un impulso" a esa comisión pactada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en su reunión del pasado 14 de enero.

José Blanco explicó que es inminente la entrega al Consejo de Ministros, por parte del Consejo de Estado, del informe preceptivo solicitado sobre las reformas constitucionales: conversión del Senado en cámara territorial; inclusión de la denominación de las 17 comunidades autónomas; eliminación de la primacía del varón en la sucesión a la Corona, e inclusión de la Constitución Europea.

El PSOE quiere que la comisión PP-PSOE vea ese informe antes de que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a las cuatro reformas.

Preguntado si el PSOE está dispuesto a que la comisión sea de alto nivel político, y no técnico, como exigen los populares, Blanco dio a entender que sí, aunque ironizó diciendo que "el PP siempre está interesado en debates secundarios como: a ver quien sale en la foto".

El PP exige que la Comisión tenga un rango similar a la de seguimiento del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, por lo que reclama al menos que el propio Blanco y Acebes formen parte de ella.

Inicialmente, el PSOE se había opuesto y quería que fueran los responsables de Política Institucional y Autonómica de ambos partidos, Alfonso Perales (PSOE) y Soraya Sáenz de Santamaría (PP), más el secretario de Estado de Cooperación Territorial, José Luis Méndez Romero, por el Gobierno, quienes llevasen el peso de la comisión PSOE-PP.

Los populares argumentan que una reforma constitucional y estatutaria de la magnitud que propone Zapatero no es una cuestión "técnica", sino "política", y que debe tener el mayor rango posible para escenificar ante la sociedad que no habrá cambios sustanciales al margen del acuerdo de los dos grandes partidos.

El problema es que, tras la reunión Zapatero-Rajoy del 14 de enero, se encendieron las alarmas en los partidos socios del Ejecutivo socialista, principalmente Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e IU. El líder de ERC, Josep LLuís Carod-Rovira, mantuvo con posterioridad a ese encuentro uno de tipo "discreto" con el jefe del Ejecutivo para advertirle de que su formación no toleraría vetos en la reforma del Estatuto de Cataluña.