En la primera de las tres sesiones de la vista oral de este juicio volvió a salir a relucir la supuesta corrupción judicial de Marbella, denunciada por Díez cuando era titular del Juzgado de Instrucción de esta ciudad malagueña.

La acusada explicó al tribunal que tomó la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional cuando apareció el nombre del vicepresidente del CGPJ en las primeras declaraciones de la investigación seguida contra dos ciudadanos italianos relacionado con la venta del Casino de Marbella.

Según los datos aportados en el juicio, el supuesto narcotraficante italiano Proetta, así como una familiar de éste, aseguraron que el funcionario judicial jubilado Juan Ramírez, padre de otra jueza de Marbella, llevaba a cabo actividades ilegales amparado por José Luis Manzanares.

Tras estas declaraciones, la jueza decidió actuar contra Juan Ramírez, quien al final se convirtió en el principal generador de conflictos de la jueza con la justicia.

Díez jutificó hoy el decreto de prisión para Ramírez, contra quien no iba la denuncia, en los testimonios de los primeros comparecientes.

La acusación particular solicita para la magistrada un total de 10 años de cárcel, suspensión e inhabilitación, además de una indemnización de 30 millones de pesetas por los delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia, dos delitos contra derechos cívicos, uno de falsedad en documento público y otro de revelación de secretos. El fiscal, por os mismos cargos menos el de prevaricación, pide 2 años de prisión, 14 de inhabilitación, 2 de suspensión y 5 millones de indemnización.