En España, la Sociedad Española de Ornitología, miembro de BirdLife, denunció la decisión del Gobierno del PP de introducir la posibilidad de autorizar este tipo de caza cuando se modificó la ley de conservación de la naturaleza, en 1997.

La reforma permiió a la comunidad vasca autorizar la caza de palomas migradoras que vuelven de los países del centro y norte de Europa en los que crían.

Esta circunstancia motivó que la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España, ante la posibilidad de que la autorización suponga un incumplimiento de la Directiva de Aves.