Ls Grupos Socialista, de Izquierda Unida y CDS presentaron en el registro de las Cortes una solicitud para que se constituya una comisión investigadora en la que se estudie la existencia o no de una multinacional llamada Biomédica a la que la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 2.500 millones para que instale dos factorías en León.

Las dudas que planean sobre la existencia de Biomédica surgieron a raiz de unas informaciones de prensa en las que se aseguraba que tal multinacional no staba oficialmente registrada en ninguno de los lugares en los que presuntamente tiene sede social, en EEUU y las Antillas Holandesas.

La Junta de Castilla y León reconoció posteriormente no tener constancia de ese registro, aunque afirmó que las negociaciones del Gobierno Regional con respecto a esa supuesta inversión de 5.000 millones que crearía casi 500 puestos de trabajo se habían llevado a cabo con otras dos empresas. Estas dos firmas sí se encuentran registradas en Madrid y tienen una estrecha inculación con la denominada Biomédica.

El proyecto, que fue rechazado anteriormente en las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia, se ha convertido en los últimos días en el caballo de batalla de la Consejería de Economía de la Junta, cuyo titular, Fernando Becker, ha salido hoy de su mutismo para afirmar que comparecerá voluntariamente en las Cortes, a petición propia, para informar del caso.

Becker, que aseguró haber solicitado de esas dos empresas radicadas en Madrid documentación compleentaria, afirmó sin embargo que no se ha planteado siquiera la revocación de esa subvención. Una subvención que no ha sido hecha efectiva.

El consejero justificó la diferencia de pareceres entre el PP del Ayuntamiento de León, que respalda la petición de la comisión de investigación y el PP de las Cortes, que la rechaza, afirmando que "cada institución es muy libre de defender lo que quiera".

Becker dijo no encontrarse sorprendido por la petición de la oposición, y en concreto del Grupo Socialist, porque "estamos acostumbrados a que pida una cada semana", dijo.

"Según van desarrollándose los acontecimientos", añadió, "vemos que no hay ningún tipo de irregularidad, que lo que hace la Junta de Castilla y León es trabajar por el bienestar de los ciudadanos, y concretamente, en este proyecto que hoy en día está muy cuestionado, sobre todo por el PSOE, lo que hemos aceptado es comparecer a petición propia para explicar cual es la situación actual de estos proyectos y eliminar dentro de lo posible as incertidumbres que se ciernen sobre ellos".