Lanzuela explicó que ha dado ordenes precisas para que los tres organismos de la Administración autonómica implicados en el procedimiento de investigación judicial, la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Presidencia de Gobierno y la Consejería de Sanidad, preparen toda la documentación existente sobre las instalaciones siniestradas desde el año 1986, fecha en la que se empezó a gestionar la ubicación del campng.

El presidente del Ejecutivo aragonés dijo que presuponía que sus antecesores en el Gobierno autónomo "hicieron bien las cosas" y que todos los permisos que se concedieron al camping se ajustaban a la ley. No obstante, añadió, es la justicia la que finalmente tendrá que decidir si fue así y, "si existe alguna responsabilidad por parte de la Administración, la asumiremos".

Por otra parte, Lanzuela anunció hoy que los técnicos de urbanismo del Gobierno de Aragón, en coordinación con los servicio del Ministerio de Fomento, han empezado ya los trabajos para reponer las infraestructuras arrasadas por la tromba de agua en los pueblos de Betés, Asó y Yosa, una zona conocida como el Sobremonte de Biescas.

Asimismo, ha precisado que en los próximos días podría hacerse pública la declaración de zona catastrófica, en el área afectada por la tromba de agua, y que la Unión Europea ya ha ofrecido subvenciones para reponer infraestructuras, que no excluyen las ayudas a los damnificados desde el Gobierno e Aragón.

Aunque los daños aún no han sido cuantificados, fuentes del Gobierno aragonés señalaron a Servimedia que podrían superar los 4.000 millones de pesetas, incluyendo las ayudas a los damnificados.

De momento, han comenzado los primeros trabajos para reparar la canalización del Barranco de Arás, cuyos daños se prevé que superaran los 700 millones de pesetas.